El escándalo de tortura y violación que involucra a Peña Nieto

El escándalo de tortura y violación que involucra a Peña Nieto

-En el año 2006, 11 mujeres de San Salvador de Atenco (México) fueron torturadas y violadas por miembros de la policía

- Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, fue quien ordenó el operativo en contra de las manifestantes, que terminó en graves violaciones a los derechos humanos

- El caso puede pasar ahora a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la impunidad reinante en el país azteca

Un escándalo más se suma al ya amplio historial de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Se trata de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, contra un grupo de manifestantes en Ateco, que culminaron con graves denuncias por violación y tortura.

El escándalo de tortura y violación que involucra a Peña Nieto

[caption id="attachment_27660" align="a__center" width="624"] Fotografía: BBC[/caption]

Las víctimas fueron 11 mujeres detenidas por las autoridades. Varias de ellas reportaron que habían sido sometidas a tratos crueles e inhumanos durante su detención. Aseguraron haber sido violadas por vía oral y vaginal.

También denunciaron que fueron objeto de tocamientos abusivos y que varios de los uniformados habían introducido objetos metálicos y sus propios dedos en las partes íntimas de ellas. Dentro del grupo había varias periodistas, médicas y estudiantes.

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Lo peor es que el propio Peña Nieto hizo oídos sordos cuando ellas presentaron la denuncia. Las calificó de mentirosas, aduciendo que se trataba de una estrategia para desprestigiar a las autoridades.

El escándalo de tortura y violación que involucra a Peña Nieto

[caption id="attachment_27663" align="a__center" width="624"] Fotografía: BBC[/caption]

El grupo de mujeres llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha pedido a la Corte de esa misma entidad que se haga cargo del mismo. En caso de condena, quien pagará no será Peña Nieto, sino todos los contribuyentes mexicanos, ya que la CIDH no condena personas, sino países.

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